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Presentación

La Ley 20.500, publicada el 16 de febrero de 2011, establece como eje central en el quehacer estatal la Participación Ciudadana, entendida esta como un proceso de cooperación entre el Estado y la ciudadanía, quienes identifican y deliberan de manera conjunta acerca de los problemas públicos y sus respectivas soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo, donde se incorpora de manera activa a la comunidad en el diseño y elaboración de decisiones públicas, (Instructivo Presidencial N°7, 6 de agosto, 2014).

La implementación de esta normativa impacta en todos los organismos del Estado y estos entes tienen la responsabilidad de fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública, garantizando con ello que todos y todas tengan el mismo derecho de influir en las decisiones que les afectan, sin ningún tipo de discriminación.

La participación ciudadana robustece el sentido de lo público, otorga mayor legitimidad a las instituciones y propicia espacios de interlocución directa con las autoridades, control social, evaluación y generación de insumos, para responder en conjunto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. La materialización de ésta iniciativa se lleva a cabo en el seno de una organización formal llamada "Consejo de la Sociedad Civil" (COSOC), instancia donde se genera un espacio para el planteamiento y la discusión de temas contingentes que afectan a la comunidad. Los miembros del COSOC son representantes de organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es incidir e influir en la ejecución y evaluación de las Políticas Públicas, siendo solo de carácter consultivo.

En diciembre de 2016 comenzó el proceso de formación del nuevo Consejo de la Sociedad Civil de nuestra institución, en esta oportunidad fue conformado por una lista de 16 representantes de organizaciones sociales, sin fines de lucro, ocho consejeros e igual número de consejeras que fueron electos dentro de las categorías de Museos, Monumentos, Gestión Patrimonial y Centros Especializados. Su funcionamiento se inició en marzo del 2017 y su vigencia es por un periodo de dos años, al término de este ciclo deberá ser renovado mediante la elección interna de miembros representantes dentro de las categorías ya mencionadas.

La Ley 20.500, publicada el 16 de febrero de 2011, establece como eje central en el quehacer estatal la Participación Ciudadana, entendida esta como un proceso de cooperación entre el Estado y la ciudadanía, quienes identifican y deliberan de manera conjunta acerca de los problemas públicos y sus respectivas soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo, donde se incorpora de manera activa a la comunidad en el diseño y elaboración de decisiones públicas, (Instructivo Presidencial N°7, 6 de agosto, 2014).

La implementación de esta normativa impacta en todos los organismos del Estado y estos entes tienen la responsabilidad de fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública, garantizando con ello que todos y todas tengan el mismo derecho de influir en las decisiones que les afectan, sin ningún tipo de discriminación.

La participación ciudadana robustece el sentido de lo público, otorga mayor legitimidad a las instituciones y propicia espacios de interlocución directa con las autoridades, control social, evaluación y generación de insumos, para responder en conjunto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. La materialización de ésta iniciativa se lleva a cabo en el seno de una organización formal llamada "Consejo de la Sociedad Civil" (COSOC), instancia donde se genera un espacio para el planteamiento y la discusión de temas contingentes que afectan a la comunidad. Los miembros del COSOC son representantes de organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es incidir e influir en la ejecución y evaluación de las Políticas Públicas, siendo solo de carácter consultivo.

En diciembre de 2016 comenzó el proceso de formación del nuevo Consejo de la Sociedad Civil de nuestra institución, en esta oportunidad fue conformado por una lista de 16 representantes de organizaciones sociales, sin fines de lucro, ocho consejeros e igual número de consejeras que fueron electos dentro de las categorías de Museos, Monumentos, Gestión Patrimonial y Centros Especializados. Su funcionamiento se inició en marzo del 2017 y su vigencia es por un periodo de dos años, al término de este ciclo deberá ser renovado mediante la elección interna de miembros representantes dentro de las categorías ya mencionadas.

Recursos adicionales

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